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Leopoldo Bonías
Hartos de las continuas irregularidades de Felipe Martínez y de su obstinado interés en entrometerse en la gestión del boxeo profesional, cuya competencia recae en las Comunidades Autónomas a través del denominado Comité de Boxeo Profesional Español, organismo este que no recogen los Estatutos de la Federación Española de Boxeo, cinco importantes federaciones territoriales han denunciado a Felipe Martínez ante el Consejo Superior de Deportes.
Han pasado casi cuatro meses desde el 7 de agosto -fecha en que Felipe Martínez informó a la Asamblea de la FEB de la aprobación del nuevo Reglamento de Boxeo Profesional- sin que el presidente de la FEB lo haya remitido al Consejo Superior de Deportes para que su Comisión Directiva informe sobre su legalidad. Así lo ha informado mediante escrito dirigido a 5 presidentes de federaciones territoriales el Subdirector Jurídico del CSD en contestación a la denuncia presentada contra el máximo responsable de la FEB por los presidentes de las federaciones de la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Baleares, Galicia y Cataluña a la que se han sumado los clubes de Castilla-La Mancha con representación en la Asamblea General.
Como se recordará, Felipe Martínez, que presume de llevar a cabo una gestión impecable, por primera vez en la historia del boxeo español, de forma clara y expresa, recoge en el reglamento la posibilidad de omitir la interpretación del Himno de España en los prolegómenos de los Campeonatos de España para «evitar sufrimientos a los supervisores».
Además, los presidentes denunciantes han comunicado al Consejo Superior de Deportes que Felipe Martínez invade competencias administrativas que corresponden a las Comunidades Autónomas e incumple los propios Estatutos de la FEB al no regular el Boxeo Profesional AIBA.
Solicitan los presidentes a la Secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano, que se inste al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) la incoación de un expediente sancionador para Felipe Martínez, por lo que consideran un abuso de atribuciones y un claro incumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos.
